La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) presentó un duro diagnóstico sobre la realidad laboral y productiva del sector ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la reunión informativa, la conducción del sindicato denunció formalmente la pérdida de 91.000 puestos de trabajo registrados en la industria desde el comienzo de la gestión del gobierno nacional, vinculando de manera directa más de la mitad de esos despidos con la parálisis total de los proyectos de infraestructura habitacional.

El debate parlamentario, presidido por el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), congregó a cámaras empresariales, representantes de institutos provinciales de vivienda y especialistas técnicos. El encuentro tuvo como eje auditar las consecuencias del freno a la inversión pública dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el desmantelamiento de los programas de vivienda social y la situación de incertidumbre generada tras la desregulación de los planes PROCREAR.

La vivienda social, el sector más afectado

El encargado de precisar el impacto de la crisis en los frentes de obra de todo el territorio nacional fue el director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara. El especialista detalló que la decisión oficial de congelar la obra pública civil golpeó con dureza el núcleo más sensible de la contratación gremial debido al carácter de mano de obra intensiva que poseen este tipo de desarrollos.

Al respecto, Gándara precisó que de los 91.000 puestos formales destruidos en la industria, entre 35.000 y 50.000 corresponden de forma específica a obreros que estaban dedicados a la construcción de viviendas, fundamentalmente de carácter social.

Ante este panorama, el referente gremial reclamó al Gobierno central la unificación de estadísticas públicas confiables sobre la ejecución de los planes habitacionales, la agilización de las burocracias locales y alertó sobre la preocupante ausencia de políticas estatales destinadas a la capacitación y recalificación técnica de los miles de obreros que quedaron desocupados en el actual ciclo económico.

El mercado inmobiliario y el reclamo de las provincias

Por la parte empresaria, el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, aportó una mirada sombría sobre el mercado inmobiliario corporativo. Advirtió que el fuerte incremento del costo en dólares del metro cuadrado terminó por bloquear las iniciativas de desarrollo del sector privado, concluyendo de forma tajante que en la Argentina "el acceso a la vivienda hoy se convirtió en un lujo".

Ante la retirada del financiamiento por parte del Tesoro Nacional, funcionarios de diversas provincias coincidieron en la necesidad de articular de manera urgente un nuevo marco regulatorio:

• Propuesta de Ley Nacional: El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, propuso el diseño de una Ley Nacional de Vivienda para coordinar herramientas de financiamiento conjunto entre provincias, municipios, entidades bancarias y el sector privado a mediano plazo.
• El rol del Estado: En sintonía, la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó los postulados de la desregulación absoluta al señalar que "cuando el Estado se corre, no aparece mágicamente el mercado a solucionar el problema", ratificando la importancia de sostener políticas públicas de inclusión habitacional para los sectores de ingresos medios y bajos.