​En esta oportunidad, y ante la detección de flagrantes desobediencias a las órdenes judiciales previamente notificadas, las autoridades procedieron a hacer efectivas las sentencias de embargo y secuestro de cargamentos de soja y maíz, los cuales eran producidos de manera clandestina por ocupantes ilegales.

​El Dr. Raúl Abate, Fiscal de Estado, coordinó personalmente el cumplimiento de estas nuevas medidas judiciales dictadas contra productores foráneos. Según se informó, estos actores persistieron en la explotación clandestina de tierras fiscales, violando sistemáticamente las prohibiciones de desmontar y cosechar emanadas de la justicia local.

​Firme combate al enriquecimiento ilícito

​En esta nueva etapa de las acciones estatales, el foco estuvo puesto en golpear la estructura económica de la ilegalidad mediante el embargo y secuestro directo de la producción obtenida en infracción. Desde los organismos intervinientes señalaron que estas medidas buscan cortar de raíz la mecánica de enriquecimiento ilícito que se ejecuta a expensas de los recursos públicos que pertenecen a todos los santiagueños.

​El megaoperativo en territorio fue ejecutado por un equipo interdisciplinario que garantizó la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas vigentes. El procedimiento contó con la participación de:

​El cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado, integrado por el Dr. Rodrigo Martorell Enrico y el Dr. Matías De la Rúa.

​Oficiales de Justicia y personal técnico de las Direcciones de Tierras y de Agricultura del Ministerio de la Producción.

​Efectivos de la Policía de la Provincia, encargados de custodiar la seguridad y el orden durante las actuaciones.

​Zonas críticas y continuidad de las acciones

​Las actuaciones de esta fase se concentraron nuevamente en puntos críticos previamente georreferenciados dentro de los departamentos Copo y Alberdi, zonas fuertemente afectadas por la presión del desmonte ilegal y la ocupación de tierras fiscales.

​Tras el cierre de los procedimientos, desde la Fiscalía de Estado fueron categóricos al remarcar que no se tolerará ningún tipo de desacato ni desobediencia a las órdenes emitidas por los magistrados provinciales. Asimismo, anticiparon que ya se están evaluando nuevas acciones civiles y penales contra los responsables de estas maniobras.

​Finalmente, las autoridades reiteraron de manera firme que estos operativos de control y restitución de bienes del Estado continuarán con la misma intensidad durante todo el año 2026.