SANTIAGO DEL ESTERO – La disputa por la administración de los recursos destinados a la preservación del ecosistema alcanzó una instancia decisiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal admitió su competencia originaria en la demanda interpuesta por cuatro provincias contra el decreto 888/24, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).

El fideicomiso en cuestión, instituido en 2018, tenía como finalidad optimizar la transparencia y eficiencia en la ejecución de la Ley de Bosques (26.331). Según el planteo de las provincias demandantes, la eliminación de este instrumento no solo vulnera la normativa vigente, sino que implica una transferencia de fondos de asignación específica hacia las arcas del Tesoro Nacional, afectando de manera directa la capacidad de los distritos para financiar proyectos de conservación y manejo sostenible.

En su presentación, las jurisdicciones —encabezadas por Santiago del Estero y Buenos Aires— solicitaron la inconstitucionalidad de los artículos centrales del decreto. Argumentan que la medida contraviene tratados internacionales como el Acuerdo de París y desfinancia el Plan Estratégico provincial. Además, denunciaron la falta de transferencia de los montos correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, exigiendo una medida cautelar para el giro inmediato de los recursos adeudados.

La decisión de la Corte Suprema, alineada con el dictamen de la Procuración General, marca el inicio de un proceso legal de alto impacto federal. Con el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación, se abre un periodo de 60 días para que el Ejecutivo presente sus descargos. La resolución final de este conflicto determinará el futuro de las políticas de protección ambiental y el respeto por las autonomías provinciales en el manejo de recursos naturales estratégicos.