​La publicación de la Resolución 28/2026 en el Boletín Oficial, que elimina el régimen de compensaciones estatales para los pasajes de larga distancia destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños en tratamiento oncológico, desató una inmediata ola de preocupación en el sector empresarial y en las asociaciones de pacientes.

​Si bien la normativa de la Secretaría de Transporte de la Nación ratifica que la gratuidad del beneficio sigue vigente por ley, al trasladar el 100% del costo económico a las compañías de colectivos, el Gobierno abrió un nuevo frente de conflicto que amenaza con paralizar el sistema de reservas.

​La respuesta del sector empresarial

​Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) emitieron un duro comunicado advirtiendo que el sector no está en condiciones de absorber el impacto financiero de la medida.

​"El Estado no puede desentenderse de su rol social y pretender que una actividad privada en crisis asuma el costo total de las políticas públicas. Durante años convivimos con un esquema de copago deficitario, pero la eliminación absoluta del fondo compensador vuelve la situación insostenible", señalaron fuentes del sector.

​Los empresarios argumentan que, debido a la caída del consumo y el aumento sostenido del combustible, muchas líneas interjurisdiccionales operan al límite de la rentabilidad. El temor principal de las organizaciones civiles es que, ante la falta de pago estatal, las empresas comiencen a restringir de forma encubierta los cupos disponibles en sus plataformas web, dificultando el acceso de los pacientes a turnos médicos cruciales en la Capital Federal y otros centros de alta complejidad.

​Tensión con la CNRT y posibles amparos

​A pesar de que el Ejecutivo nacional delegó en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la fiscalización estricta para que se sigan emitiendo los boletos bajo apercibimiento de severas multas, en el sector privado ya se evalúan alternativas legales.

​Abogados que representan a las principales cámaras de transporte automotor comenzaron a analizar la presentación de medidas cautelares ante la Justicia Federal. El argumento central será la "ruptura de la ecuación económica-financiera" de los contratos de concesión, alegando que el Estado no puede obligar a un privado a prestar un servicio a costo cero sin ninguna contraprestación.

​Mientras la disputa legal y política escala, miles de familias en todo el país —especialmente en el interior, donde la dependencia del transporte terrestre es total para acceder a tratamientos de salud— aguardan con incertidumbre saber si el próximo mes podrán viajar para continuar con sus tratamientos vitales.