El fallo, dictado por el juez Adrián González Charvay, obliga a la gestión de Javier Milei a garantizar la continuidad de los pagos y las prestaciones, tras considerar que su interrupción abrupta vulnera derechos alimentarios básicos.

La medida cautelar surge como respuesta a un amparo colectivo presentado por beneficiarios pertenecientes a la economía popular. Los demandantes argumentaron que la eliminación del beneficio, anunciada para este mes de abril de 2026, los dejaba en una situación de extrema vulnerabilidad al ser su principal fuente de ingresos en un contexto de alta complejidad económica.

El vacío entre el decreto y la implementación

El programa había sido concebido originalmente para reemplazar al "Potenciar Trabajo", con el objetivo de fomentar la inserción laboral mediante capacitaciones. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, comunicó el cese de los pagos de $78.000 con la promesa de migrar hacia un sistema de vouchers educativos.

El magistrado subrayó en su escrito que, si bien el Gobierno tiene la facultad de reformular planes, no puede suspender una prestación de carácter alimentario sin tener operativo un esquema alternativo equivalente. La falta de detalles concretos sobre el nuevo sistema de vouchers fue un punto clave para que la Justicia determinara la protección de los beneficiarios.

Un plazo perentorio para el Estado

La resolución judicial es tajante y establece directrices claras para el Poder Ejecutivo:

• Continuidad inmediata: El Ministerio debe retomar las prestaciones en un plazo máximo de tres días.
• Protección de sectores vulnerables: El Estado debe garantizar la seguridad social y condiciones dignas de vida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
• Apercibimiento: En caso de incumplimiento, el Gobierno podría enfrentar sanciones económicas.

Este fallo representa un desafío para la estrategia de reforma de los planes sociales que impulsa la Casa Rosada, obligando al equipo económico y de seguridad social a reevaluar los tiempos y las formas de la transición hacia los nuevos modelos de asistencia laboral.