SANTIAGO DEL ESTERO – En medio de un panorama económico profundamente deteriorado que ha dejado a la mayoría de las administraciones provinciales en terreno negativo, Santiago del Estero se consolida como un referente de estabilidad. Según el último informe de la consultora Politikón Chaco, la provincia no solo evitó el déficit, sino que encabezó la lista de los distritos con mayores excedentes fiscales durante el ejercicio 2025.

El análisis revela que la crisis de ingresos, impulsada principalmente por la fuerte caída en la transferencia de recursos por coparticipación federal, ha golpeado con dureza las arcas públicas del país. Sin embargo, Santiago del Estero logró un superávit del 4,6%, posicionándose por encima de Jujuy (3,1%) y San Juan (1,4%), las otras dos jurisdicciones que completan el podio de solvencia.

Un mapa federal en rojo

La disparidad entre las provincias es alarmante. Mientras que un pequeño grupo integrado también por Formosa, Neuquén, Tucumán y Córdoba consiguió sostener márgenes ajustados de saldo positivo, y Salta se mantuvo en equilibrio, el resto del país opera bajo presión financiera.

El informe detalla situaciones de extrema gravedad en el sur y el centro del país:

• Tierra del Fuego: Lidera el déficit con un alarmante -16,4%.
• Santa Cruz: Registra un saldo negativo del -12,9%.
• Otros distritos: Chubut, Chaco, Buenos Aires, Mendoza y CABA también presentan sus cuentas en rojo, reflejando la dificultad de financiar los gastos estatales ante la merma de recursos nacionales.

El valor del equilibrio financiero

El sostenimiento del superávit en Santiago del Estero, destacado por referentes políticos como José Emilio Neder, se percibe como una excepción dentro de una tendencia de deterioro generalizado. La capacidad de la provincia para mantener el orden fiscal en este escenario adverso subraya una gestión de recursos que prioriza el equilibrio frente a la volatilidad de los ingresos externos.

Este escenario plantea un desafío inminente para el resto de las jurisdicciones argentinas que, ante la profundización del déficit, deberán reevaluar sus estructuras de gasto o buscar nuevas vías de financiamiento para garantizar la operatividad de sus Estados.