Tras una ola de supuestas amenazas de tiroteos que ya afecta a más de 100 escuelas en Santiago del Estero, el Ministerio Público Fiscal lanzó una dura advertencia: no hay bromas en redes sociales que no tengan consecuencias judiciales.

Lo que comenzó como un "desafío" en plataformas como TikTok e Instagram ha escalado a una crisis de seguridad pública. El último episodio tuvo lugar en el Colegio Industrial de Quimilí, donde dos alumnas de apenas 13 y 14 años desataron el pánico al publicar mensajes que anunciaban un tiroteo: "Prepárense para los disparos el miércoles". Aunque las menores alegaron que se trataba de una broma, la policía y la fiscalía intervinieron de inmediato, secuestrando capturas de pantalla y citando a sus tutores bajo la lupa judicial.

Alerta máxima: Más de 100 colegios bajo amenaza

El caso de Quimilí no es un hecho aislado. Las autoridades confirmaron que la provincia atraviesa una seguidilla de incidentes similares en más de un centenar de instituciones. La gravedad de la situación alcanzó su punto crítico con el hallazgo de una bala calibre 38 en un establecimiento y la demora de un joven de 18 años armado con un rifle de aire comprimido en las cercanías del Colegio Víctor Conde.

La Justicia no negocia: "Es un delito"

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el mensaje es tajante: "No es un juego ni un reto viral: es un delito y tiene consecuencias". La fiscalía, encabezada en este caso por el Dr. Álvaro Cantos, explicó que estas conductas encuadran en figuras penales que castigan la intimidación pública.

• Impacto Legal: Las publicaciones movilizan recursos policiales, alteran el orden social y suspenden el normal dictado de clases.
• Responsabilidad de los padres: La justicia advierte que, al tratarse de menores, las actuaciones pueden derivar en responsabilidades legales y civiles para los padres o tutores.
• Sanciones Escolares: Independientemente de la causa penal, las instituciones están aplicando las máximas sanciones disciplinarias.

El llamado de las autoridades es a la concientización familiar. En un contexto de extrema sensibilidad, el control sobre lo que los adolescentes publican en WhatsApp e Instagram es hoy la única barrera para evitar que una "travesura digital" termine en un prontuario judicial.