Bajo la consigna "No pedimos favores, exigimos derechos", una multitud de profesionales, familias e instituciones se concentró este miércoles en el principal centro civil de Santiago del Estero. El Foro de Prestadores de Servicios de Personas con Discapacidad lideró la protesta que tuvo como eje central denunciar el incumplimiento de la Ley de Emergencia y el desfinanciamiento que hoy pone en jaque la continuidad de los tratamientos básicos.

La jornada, cargada de emotividad, incluyó el canto del Himno Nacional y la lectura de un documento que describe una realidad angustiante: la imposibilidad de sostener prestaciones elementales ante una cadena de pagos cortada y aranceles que han quedado totalmente desfasados respecto a la inflación.

Recortes forzados en transporte y alimentación

Uno de los puntos más críticos expuestos durante la asamblea fue la necesidad de priorizar fondos para mantener el vínculo terapéutico, lo que ha derivado en recortes inevitables en otras áreas. Los referentes explicaron a los padres presentes que, para no cerrar las puertas de los centros, se han visto obligados a limitar servicios de transporte y raciones de alimentación.

"Les pedimos disculpas cuando tenemos que decir que no en transporte; es una medida desesperada para poder seguir adelante y no dejar a sus hijos sin atención", manifestaron los oradores, subrayando que el compromiso de los trabajadores es lo único que hoy sostiene el sistema.

Familias en alerta por falta de insumos básicos

El reclamo gremial se unificó con el drama cotidiano de las familias santiagueñas. Durante la marcha, numerosos padres denunciaron la interrupción en la entrega de medicamentos de alta urgencia y pañales por parte de los programas de cobertura estatal. Ante el elevado costo de estos insumos, muchas familias se encuentran en una situación de desamparo absoluto al no poder costearlos por sus propios medios.

Un llamado a la respuesta institucional

La movilización en la Plaza Libertad funcionó como un recordatorio urgente a las autoridades competentes. Los prestadores advirtieron que el límite operativo se ha alcanzado y que, de no mediar una solución inmediata que garantice el flujo de fondos y la provisión de insumos, el sistema de atención a la discapacidad en la provincia corre el riesgo de un colapso irreversible, afectando a uno de los sectores más vulnerables de la comunidad.