Ante la persistente desprotección que sufren las víctimas de delitos informáticos de índole sexual, el Senador Gerardo Zamora anunció su compromiso de reactivar el proyecto de ley que busca penalizar la difusión no consentida de contenidos íntimos, una práctica comúnmente denominada "pornovenganza".

Esta iniciativa no es nueva en el recinto. El proyecto original, redactado oportunamente por la exsenadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya había logrado un consenso histórico en 2020 al obtener la media sanción por unanimidad en la Cámara Alta. Sin embargo, la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados provocó la pérdida de su estado parlamentario, dejando el vacío legal intacto hasta el día de hoy.

Un freno a la impunidad digital

El argumento central de la propuesta radica en que el actual Código Penal no contempla de manera específica este tipo de agresiones, lo que genera un estado de impunidad que revictimiza a quienes ven vulnerada su privacidad. La reforma propuesta apunta directamente a:

• Tipificación del delito: Establecer penas concretas para quienes difundan, sin autorización, imágenes o videos de desnudez y contenido sexual explícito.
• Resguardo constitucional: Fortalecer el derecho a la intimidad, garantizando que el ámbito privado no sea utilizado como herramienta de extorsión o daño.
• Enfoque de género: Reconocer que estas acciones constituyen una forma específica de violencia que impacta con mayor severidad en las mujeres.

El camino hacia la sanción

Zamora destacó que la falta de una norma clara no solo desprotege a las víctimas, sino que invisibiliza una forma de violencia que crece al amparo de las nuevas tecnologías. Al impulsar nuevamente este debate en el Senado de la Nación, se busca recuperar el terreno perdido y transformar aquel consenso unánime de 2020 en una ley efectiva.

La sanción de esta norma representaría un avance institucional definitivo, alineando la legislación argentina con la necesidad de proteger la integridad moral y la libertad sexual de las personas en la era de la hiperconectividad. De este modo, el compromiso parlamentario se posiciona como la última barrera contra la vulneración sistemática de la privacidad en el espacio digital.