La jueza Dra. Carolina Anauate hizo lugar a un amparo contra el Colegio Intercultural. El fallo marca un precedente clave al diferenciar "integración" de "inclusión" y exigir cambios estructurales en la institución.

En una resolución que sacude al ámbito educativo santiagueño, la Justicia local ordenó medidas inmediatas para proteger el derecho a la educación de un niño diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El fallo surge tras la acción de amparo presentada por la Dra. María Belén Molina, quien denunció barreras y falta de adaptaciones para su hijo en el Colegio Intercultural.

Un cambio de paradigma: Adaptar el colegio al alumno

La sentencia de la Dra. Anauate es tajante: el sistema educativo es el que debe adaptarse al estudiante y no a la inversa. La magistrada subrayó la necesidad de eliminar las barreras pedagógicas y cumplir con las normativas de educación inclusiva, diferenciando este concepto de la simple "integración" (donde el alumno es quien debe encajar en un sistema rígido).

Las 5 medidas obligatorias para la institución

La resolución judicial establece puntos de cumplimiento inmediato para garantizar la trayectoria escolar del menor:

1. Continuidad sin hostigamiento: Se prohíbe cualquier medida que implique exclusión o trato discriminatorio hacia el niño.
2. Ajustes pedagógicos: El colegio debe realizar adecuaciones curriculares bajo la supervisión del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP).
3. Docente nexo: Se designará a una profesional que actúe como puente de comunicación entre la familia y la escuela para consensuar las adaptaciones.
4. Capacitación forzosa: Directivos y docentes de la institución deberán realizar formación obligatoria en discapacidad y educación inclusiva.
5. Control forense: El Gabinete de Psicología Forense intervendrá dentro del establecimiento para evaluar que las medidas se cumplan efectivamente.

Un llamado de atención al sistema

El fallo no solo afecta al colegio demandado, sino que exhorta al Ministerio de Educación y al SPEP a realizar un seguimiento estricto del caso. La jueza advirtió que la falta de diálogo y la ausencia de apoyos adecuados no solo afectan el aprendizaje, sino que dañan gravemente la salud emocional de los alumnos.

Este caso se suma a otras denuncias públicas recientes contra la misma institución, como la viralizada por Belén Jerez, lo que ha profundizado el debate sobre la verdadera capacidad de los colegios privados para cumplir con las leyes de inclusión vigentes. Aunque la causa de fondo continúa, este amparo fija un límite claro: la educación inclusiva no es una opción para las instituciones, sino una obligación constitucional.