La acusación contra Mario Vicente Vizgarra estima una defraudación superior a los $100 millones. Los fondos, destinados a familias vulnerables y con discapacidad, habrían sido desviados mediante transferencias a familiares y obras nunca ejecutadas.

Un grave caso de presunta corrupción sacude al departamento Copo. El abogado Lucas Cabañas amplió una denuncia penal contra el excomisionado municipal de Los Pirpintos, Mario Vicente Vizgarra, ante el fiscal Mauricio Abramczuck. Según la presentación, el exfuncionario habría malversado fondos públicos destinados a la construcción de 10 viviendas sociales, dejando a las familias beneficiarias en una situación de extrema precariedad.

Fondos millonarios y familias damnificadas

La denuncia sostiene que el Estado provincial envió las partidas presupuestarias correspondientes para la edificación de soluciones habitacionales. Sin embargo, aunque en los registros oficiales las casas figuran como adjudicadas, en la realidad no existen.

• Monto del desvío: Se estima en más de $100.000.000, considerando que cada vivienda tiene un valor actualizado de $10.500.000.
• Perfil de las víctimas: El abogado subrayó que los beneficiarios originales son familias de escasos recursos, que incluyen a personas con discapacidad y jefes de hogar postrados por problemas de salud graves, como ACV.
• Estado actual: Los relevamientos confirman que las familias afectadas —entre las que se mencionan apellidos como Gallo, Godoy, Soria y Serrano— siguen viviendo en condiciones precarias pese a que los fondos fueron liberados.

Maniobras bajo investigación

La presentación de Cabañas incluyó abundante documentación que probaría un esquema de defraudación sistemática durante la gestión de Vizgarra, quien cesó en su cargo en diciembre de 2025. Las irregularidades señaladas incluyen:

1. Desvío de fondos públicos: Dinero destinado a obras específicas que nunca se completaron.
2. Transferencias irregulares: Movimientos de fondos estatales hacia cuentas de familiares directos del entonces comisionado.
3. Falta de rendición: Subsidios y partidas públicas que no cuentan con el respaldo documental exigido por el Ministerio de Desarrollo Social.

Este caso se suma a otros procesos similares en la provincia, encendiendo las alarmas sobre el control de las partidas destinadas a programas de asistencia social. La justicia busca ahora determinar la ruta del dinero y las responsabilidades penales de quien, además de su función pública, se desempeña como docente en la región.