El juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

La decisión fue tomada antes de que la Cámara Federal de Tucumán analizara su recusación, impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó su imparcialidad por un vínculo familiar: la hija del magistrado había vendido un terreno al hermano de Toviggino.

Falta de precisión en la acusación

En su resolución, Argibay sostuvo que el planteo fiscal no presenta un hecho penal concreto, sino "una hipótesis global construida a partir de indicios", lo que consideró insuficiente para avanzar en esta etapa del proceso.

Además, remarcó que no se individualizan actos específicos ni se detalla el rol de cada imputado, lo que impide delimitar con claridad la acusación.

Recusación y cambio de jurisdicción

Tras los cuestionamientos, el juez se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal de Campana. Argumentó que los hechos investigados estarían vinculados a una entidad con domicilio en la provincia de Buenos Aires y a expedientes en trámite en otros tribunales.

El pedido del fiscal incluía, además de las detenciones, allanamientos, peritajes y la inhibición de bienes sobre empresas, inmuebles y vehículos.

Según la investigación, Tapia y Toviggino integrarían una estructura con capacidad económica para entorpecer la causa. El expediente se apoya en informes de organismos como ARCA, la Inspección General de Justicia y Migraciones, que detectaron movimientos financieros y adquisiciones que no coincidirían con los ingresos declarados.

La causa apunta a una red de sociedades vinculadas a Toviggino y su entorno, con activos como propiedades, vehículos e inversiones bajo sospecha de haber sido adquiridos con fondos provenientes de la AFA mediante maniobras de blanqueo.