El MOCASE Vía Campesina alertó sobre una nueva estrategia de hostigamiento y maniobras comerciales que buscan fraccionar 20.000 hectáreas pertenecientes a la comunidad indígena Sentimiento de Mi Tierra, del Pueblo Sanavirón. La denuncia apunta a una red de empresarios y terratenientes que intentarían comercializar el territorio pese a la preexistencia de las familias campesinas.

El epicentro de la disputa se sitúa en una zona que históricamente albergó infraestructura vital para la región, como una posta sanitaria y un registro civil. Sin embargo, lo que hoy domina el escenario son las denuncias por violencia armada, fumigaciones ilegales y la matanza de ganado, acciones atribuidas al empresario de origen español Alfonso Fuentes Barrau.

Un historial de violencia y antecedentes internacionales

La figura de Fuentes Barrau no es desconocida para la justicia, tanto en Argentina como en su España natal. Según el relevamiento del MOCASE, el empresario desembarcó en Santiago del Estero tras un historial conflictivo en Europa:

• Antecedentes en España: Registra acusaciones por incidentes violentos vinculados a negocios inmobiliarios y tensiones en el sector de casinos durante las décadas de los 70 y 90.
• Acciones en Las Abras: Se le atribuye la responsabilidad en la muerte de más de 3.000 animales de producción comunitaria y daños a la salud de pobladores debido a fumigaciones aéreas sobre viviendas.

Pese a que la defensa del empresario sostiene la titularidad del dominio desde hace medio siglo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha reconocido formalmente a la comunidad, lo que genera un choque de legitimidades que la justicia aún no termina de resolver.

El "fraccionamiento": La nueva táctica de despojo

La preocupación actual de las familias del Pueblo Sanavirón radica en la aparición de nuevos actores y "apoderados" que buscan monetizar el conflicto. La organización campesina señala a Diego Kemel y Andrés Cadamuro como responsables de patrullajes intimidatorios en camionetas y de intentar vender parcelas del territorio comunitario a terceros bajo la promesa de ejecutar desalojos.

A este entramado se sumó recientemente José Frederick San Román Marshall, un inversor financiero vinculado a grandes firmas internacionales, quien se presentó como representante de Barrau. Para el MOCASE, esta "asociación ilícita" tiene un objetivo claro: atomizar la tierra para diluir el conflicto histórico y desentenderse de las familias que habitan y producen en el lugar desde hace décadas.

"Ya hay intentos de maniobras comerciales para fraccionar el territorio comunitario y ofrecer la tierra a terceros", advirtieron desde la organización, remarcando que el clima de inseguridad en la zona de Las Abras pone en riesgo la integridad física de quienes resisten en el territorio.