El sector disidente, autodenominado "La Reconstrucción", ha judicializado el conflicto con el objetivo de frenar lo que consideran un intento de "perpetuación ilegal" por parte de la conducción actual, encabezada por Tomás Figueroa.

​Los puntos clave del conflicto judicial

​La presentación judicial busca la nulidad de la convocatoria partidaria y solicita una medida cautelar de "no innovar". Según el escrito, el mandato de Figueroa vence el 2 de septiembre de 2026, y cualquier intento de extender ese plazo violaría el Artículo 26 de la Carta Orgánica del partido.

​Los puntos principales de la denuncia incluyen:

• ​Impugnación de la prórroga: Aseguran que los mandatos son fijos (dos años) y no admiten extensiones excepcionales.
• ​Falta de transparencia: El grupo denunciante afirma que solicitó acceso al padrón y al cronograma electoral a principios de año sin recibir respuesta alguna.
• ​Proscripción interna: Sostienen que el 24 de febrero presentaron una lista de precandidatos que fue ignorada sistemáticamente por las autoridades actuales.

​"Avasallamiento institucional"

​A través de un comunicado, el núcleo opositor fue tajante al calificar la situación como un "silencio absoluto" que busca evitar la competencia en las urnas. "No permitiremos que se convierta el partido en una herramienta de intereses personales ajenos a las ideas de la libertad", expresaron, elevando el tono de una interna que promete escalar.

​Ante la proximidad de los plazos electorales, los demandantes solicitaron la habilitación de días y horas inhábiles para que la Justicia dicte una resolución urgente que obligue a la convocatoria inmediata de elecciones internas.