El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que la decisión “está por convertirse en una de las peores atrocidades” en materia sanitaria de la actual gestión. El funcionario remarcó que el programa “tiene 24 años y atiende a más de 20 millones de personas”, muchas de las cuales dependen exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos básicos.

La noticia fue comunicada por el Director Nacional de Medicamentos durante la última reunión del Consejo Federal de Salud, donde se confirmó que el programa finalizó formalmente el 1º de abril. No obstante, se dispuso una prórroga excepcional por dos meses mayo y junio mediante una compra de emergencia.

Desde el Gobierno se informó que el Remediar será reemplazado por una nueva estrategia sanitaria enfocada en enfermedades cardiovasculares, que incluiría únicamente tres medicamentos. Esta redefinición fue cuestionada por distintas jurisdicciones, entre ellas Tierra del Fuego, que advirtieron sobre el fuerte recorte en la cobertura.

El programa Remediar permitía la distribución de 79 presentaciones de medicamentos esenciales, entre ellos tratamientos para diabetes, antibióticos, antiparasitarios y afecciones respiratorias. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, estos insumos llegaban mensualmente a más de 7.800 centros de salud en todo el territorio, cubriendo hasta el 80% de las consultas del primer nivel de atención.

La medida generó una reacción en cadena en las provincias, desde Ushuaia hasta La Quiaca, donde autoridades sanitarias manifestaron su inquietud ante el posible impacto en la atención primaria y el acceso equitativo a medicamentos.

En este contexto, la gestión del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, vuelve a quedar en el centro del debate. En los últimos días, el área sanitaria ya había enfrentado tensiones con el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, por cuestionamientos vinculados al funcionamiento del PAMI y las políticas de discapacidad.

Mientras tanto, las provincias analizan alternativas para sostener la provisión de medicamentos y mitigar el impacto de los recortes, en un escenario que amenaza con profundizar las desigualdades en el acceso a la salud pública.