En un fallo de alto impacto político y social, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria (27.795). La decisión judicial desestima la apelación oficial y califica como “poco serios” los argumentos presentados por la administración nacional para evitar el pago.

El fallo de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratifica que el Estado debe proceder de inmediato con la recomposición salarial y estudiantil, priorizando el derecho constitucional a la educación superior por sobre las estrategias de ajuste fiscal.

Los puntos clave del fallo judicial

La resolución exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la normativa, lo que implica:

• Actualización salarial: Recomposición para docentes y no docentes correspondiente al periodo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.
• Becas estudiantiles: Actualización inmediata de todos los programas de ayuda económica para los alumnos.
• Bajo impacto fiscal: La Justicia desacreditó la advertencia del Gobierno sobre el equilibrio fiscal, señalando que el costo de la medida no afecta sustancialmente el interés público.

Un conflicto que nació en las calles

La sentencia llega tras casi dos años de tensión extrema entre el sistema universitario y el Ejecutivo. El conflicto estuvo marcado por hitos masivos:

1. Marchas Federales: Las movilizaciones de octubre de 2024 y septiembre de 2025 (bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”) fueron determinantes para presionar por la aprobación legislativa.
2. El decreto de suspensión: Tras el fracaso de los vetos presidenciales en el Congreso, el Ejecutivo intentó frenar la ley mediante el Decreto 759/2025, una maniobra que el juez de primera instancia, Enrique Cormick, ya había tildado de "arbitraria e ilegal".
3. Respaldo institucional: La acción judicial fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el apoyo de más de 40 universidades públicas de todo el país.

El futuro: ¿Nueva ley en el Congreso?

Ante el acorralamiento judicial, la estrategia oficial de la Secretaría de Educación apunta ahora a la vía legislativa. El Gobierno busca elaborar una nueva norma que modifique el esquema financiero actual, buscando un consenso político que reemplace la ley 27.795 y otorgue, según afirman, "seguridad jurídica" al sistema.

Por el momento, el fallo de Cámara representa una victoria decisiva para los gremios y las autoridades universitarias, quienes exigen que la actualización de partidas comience de forma inmediata.