El fallo, emitido por el juez federal Sebastián Argibay, recae sobre los uniformados Guillermo Guido Prevosti, Luciano Nicolás Cristaldo y José Francisco Romano, bajo la calificación de "exacciones ilegales agravadas".

Los hechos investigados se remontan al 12 de enero de 2025, cuando una familia santiagueña regresaba de realizar compras en la localidad salteña de Aguas Blancas. Según consta en el expediente impulsado por el fiscal Pedro Simón, las víctimas fueron interceptadas en dos oportunidades sobre la Ruta Nacional 34 por la misma patrulla blanca de la fuerza.

La modalidad del hecho

El primer contacto ocurrió cerca de las 21:00 horas a la altura de Pozo Hondo, donde se realizó un control superficial. Sin embargo, una hora más tarde, al llegar al sector de la balanza “Las Tijeras”, en jurisdicción de La Banda, los efectivos volvieron a detener la marcha de la camioneta.

De acuerdo con la denuncia ratificada por las víctimas, los gendarmes obligaron a los ocupantes a descender y revisaron las pertenencias, que consistían principalmente en artículos de bazar y vestimenta infantil. En ese contexto, uno de los uniformados habría lanzado la amenaza: “Tienen que entregarme $80.000, sino les sacamos todas las cosas”. Tras manifestar que no contaban con esa suma, los efectivos habrían aceptado un pago de $30.000 para permitirles continuar el viaje.

Avances de la causa y situación procesal

La investigación se activó de inmediato tras la denuncia de una de las damnificadas ante la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la propia Gendarmería. A pesar de que la defensa de los acusados cuestionó la falta de pruebas objetivas y los imputados se abstuvieron de declarar, las pericias informáticas realizadas por la Policía Federal Argentina y los testimonios recabados fortalecieron la hipótesis de la fiscalía.

En su resolución, el juez Argibay destacó la verosimilitud y coherencia del relato de las denunciantes, quienes describieron con precisión la secuencia de los dos controles y la modalidad de la exigencia económica.

Actualmente, los tres involucrados se encuentran en situación de disponibilidad, alejados de sus funciones operativas, mientras la causa avanza hacia las etapas finales previo al juicio. El delito de exacciones ilegales castiga severamente a los funcionarios que, abusando de su cargo, convierten la autoridad pública en una herramienta de beneficio personal, afectando la integridad de las instituciones de seguridad.