Juan Manuel "Pipi" Ibáñez, excomisionado municipal de Brea Pozo, junto a su exsecretario y tesorero Carlos Saavedra, fueron acusados de administración fraudulenta y libramiento de cheques sin fondos por una cifra que, en una primera etapa de la investigación, superaría los 500 millones de pesos.

SANTIAGO DEL ESTERO. — El escrito, presentado por el abogado Lucas Cabañas en representación de un grupo de empresarios damnificados (algunos de ellos de la provincia de Tucumán), detalla una maniobra sistemática de emisión de valores que carecían de respaldo financiero. Según la denuncia, la Comisión Municipal bajo la gestión de Ibáñez contrató diversos servicios y suministros, pero al momento de cobrar los cheques, los proveedores se encontraron con el rechazo bancario por falta de fondos.

Las medidas cautelares solicitadas

Ante la magnitud del perjuicio económico y el riesgo de insolvencia, la querella ha solicitado a la Justicia medidas urgentes para resguardar el patrimonio de los denunciados:

• Inhibición General de Bienes: Se busca bloquear cualquier movimiento de activos a nombre de Ibáñez y Saavedra.
• Embargo Preventivo Penal: Una medida para asegurar fondos ante una eventual condena por daños y perjuicios.
• Secuestro de Documentación: Pedido de oficios para retirar libros contables y registros de la Comisión Municipal que permitan trazar el flujo de los fondos públicos.

Un efecto dominó en los proveedores

La situación ha generado una crisis de confianza en el sector de proveedores del Estado. Se estima que la cifra de 500 millones de pesos podría aumentar a medida que más empresarios locales y regionales presenten sus reclamos ante los tribunales santiagueños. Los servicios afectados van desde insumos básicos hasta logística pesada prestada a la comuna durante la administración anterior.

Contexto de transparencia institucional

Esta denuncia surge en una semana donde el gobernador Elías Suárez ha puesto el foco en el orden fiscal y la transparencia administrativa al lanzar el Consejo Económico y Social. El caso de Brea Pozo se convierte así en una prueba de fuego para los organismos de control de la provincia, en un año marcado por la cercanía de las elecciones municipales de agosto, donde la gestión de los recursos públicos estará bajo la lupa ciudadana.