Seis policías y dos civiles fueron detenidos acusados de interceptar cargamentos de droga, alterar actas oficiales y revender el estupefaciente incautado. La investigación revela un crecimiento patrimonial injustificado y maniobras de lavado de dinero.

Un informe especial ha puesto al descubierto una organización criminal de extrema gravedad que operaba en el norte del país. La banda, integrada por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) y civiles, actuaba en connivencia con redes narco de Salta, utilizando los departamentos Copo y Pellegrini como puntos estratégicos para sus maniobras ilícitas.

Un "modus operandi" basado en la corrupción

La estructura, presuntamente liderada por un oficial de la fuerza, funcionaba bajo un esquema de roles definidos que incluía logística organizada y encubrimiento. Según la investigación judicial a cargo de Gendarmería Nacional, el grupo realizaba operativos irregulares de madrugada para interceptar cargamentos.

El dato más alarmante de la causa es la manipulación de los secuestros: los efectivos retenían aproximadamente el 30% de la droga incautada para reintroducirla en el mercado ilegal. En un caso testigo, de un cargamento de 40 kilos de cocaína, solo se registraron oficialmente 3 kilos, desviando el resto para su comercialización en ciudades como Las Termas de Río Hondo.

Lavado de activos y signos de riqueza

La pesquisa también alcanzó el plano económico. Se detectó que una mujer —hermana de uno de los policías— utilizaba un comercio en el barrio Lomas del Golf para blanquear los fondos. Los implicados mostraban un nivel de vida inconsistente con sus ingresos, destacándose la compra de vehículos, propiedades, joyas y altos consumos en tarjetas de crédito.

Intervención y detenciones

El operativo culminó con el allanamiento de la sede local de la PFA, delegaciones en Las Termas y domicilios particulares, dejando un saldo de ocho detenidos. Ante la magnitud del escándalo, el área de Asuntos Internos de la fuerza inició una auditoría profunda que incluye:

• Revisión de legajos y procedimientos históricos.
• Evaluación de responsabilidades jerárquicas superiores.
• Auditoría de cada expediente vinculado a los detenidos.

Encuadre legal

Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas (23.737), lavado de activos y violación de los deberes de funcionario público. Este caso marca un punto de inflexión en la región, exponiendo la vulnerabilidad de los controles internos y obligando a la Justicia Federal a revisar minuciosamente la transparencia de los operativos antidroga en la provincia.