La joven abogada oriunda de Santiago del Estero, quien permanece bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, enfrenta una acusación por tres hechos de injuria racial. Mientras la fiscalía y la querella exponen sus conclusiones, el pedido de condena escaló hasta los 15 años de prisión, marcando un precedente sobre la severidad de las leyes antirracistas en el país vecino.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL. — El "calvario" judicial de la santiagueña Agostina Páez entró en su etapa definitiva. Ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, comenzó la primera audiencia de un caso que se viralizó el pasado 14 de enero y que transformó unas vacaciones entre amigas en una pesadilla legal. La imputada, de 29 años, es juzgada por gestos discriminatorios realizados a la salida de un bar, un acto que en Brasil es tratado bajo un marco legal de extrema rigurosidad.

Las claves del proceso judicial

La situación de Páez es delicada debido a la acumulación de cargos y la contundencia de las pruebas:

• Tres hechos de injuria: La justicia brasileña no trata el episodio como un evento aislado, sino como tres delitos diferenciados de injuria racial, lo que permite que las penas se sumen (concurso material).
• El video como prueba: Un registro audiovisual donde se observa a la abogada realizando gestos racistas tras una discusión por una cuenta mal cobrada es el pilar de la acusación.
• Pedido de condena: La querella solicitó la pena máxima de 15 años de cárcel, reflejando la política de tolerancia cero que Brasil aplica para combatir el racismo estructural.

El pedido de disculpas y la estrategia de defensa

Representada por la letrada Carla Junqueira, Páez rompió el silencio a través de sus redes sociales para intentar aliviar su situación procesal:

1. Arrepentimiento público: "He reaccionado mal y estoy muy arrepentida", declaró la joven, admitiendo que su conducta fue "muy grave".
2. Cambio de consejo: Explicó que no se disculpó antes por recomendación de su defensa anterior, una estrategia que ahora busca revertir para mostrar voluntad de reparación.
3. Cárcel domiciliaria: Actualmente, la santiagueña cumple medidas cautelares estrictas en Brasil, que incluyen la prohibición de salir del país y el monitoreo constante mediante una tobillera electrónica.

Un contexto legal implacable

El juicio contra la profesional santiagueña ocurre en un momento donde Brasil ha endurecido drásticamente las penas para los delitos de odio y discriminación. Lo que en otros países podría considerarse una contravención o un delito menor, en la jurisdicción carioca es una figura penal de alto impacto.

La audiencia de hoy definirá el rumbo de una sentencia que mantiene en vilo no solo a su familia en el barrio Primera Junta de la capital santiagueña, sino también a la comunidad legal internacional, que observa de cerca cómo se aplica la ley brasileña ante ciudadanos extranjeros.