La justicia santiagueña, a través de la fiscal Dra. Alejandra Holgado, ha iniciado una investigación formal tras una grave denuncia presentada por Gabriela Ananía, socia de ambas firmas transportistas. La acusación apunta directamente contra el administrador de las empresas, Juan Antonio Ananía, un contador y un equipo legal.

La denunciante sostiene que, desde que su primo tomó las riendas de la administración en noviembre de 2020, el patrimonio de las empresas se ha visto seriamente comprometido. Entre los puntos más alarmantes presentados ante la fiscalía se encuentran:

• Vaciado Patrimonial: Se denuncia la desaparición de una camioneta y la pérdida de casi el 50% del patrimonio social de las empresas.
• Manejo de Subsidios: Una de las acusaciones más sensibles es la falta de claridad sobre el destino del dinero proveniente de los subsidios estatales, junto con una presunta "fuga de capitales".
• Irregularidades Contables: No se habrían presentado los balances correspondientes al periodo 2020-2025.
• Gastos Injustificados: Pago de salarios a personas que ya no forman parte de la planta laboral y la toma de deudas calificadas como "injustificadas".
• Negocios de Combustible: Intento de firmar acuerdos de suministro con empresas que ya mantenían deudas pendientes, comprometiendo aún más la operatividad del servicio.

Las empresas involucradas, con sede en el barrio Cabildo Santiagueño de La Banda, son fundamentales para la conectividad de miles de usuarios. Esta investigación judicial surge en un momento delicado para el transporte público, donde la transparencia en el uso de los subsidios es un tema de debate constante.

Dato Clave: La denuncia no solo afecta a los administradores, sino que también salpica a asesores contables y legales, sugiriendo una maniobra coordinada para el desvío de fondos.

La Dra. Holgado deberá analizar la documentación contable de los últimos cinco años y determinar si los activos de las empresas fueron efectivamente desviados o malversados. De comprobarse la "administración fraudulenta", los responsables podrían enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos comerciales.