Santiago del Estero se posiciona como la octava provincia más perjudicada del país, con una pérdida proyectada de $74.739 millones en recursos automáticos.

SANTIAGO DEL ESTERO. — La discusión sobre la modernización del empleo ha derivado en una batalla por la caja federal. Mientras el oficialismo nacional consiguió el dictamen de mayoría en el Senado para su reforma laboral, en las provincias la preocupación no pasa solo por las indemnizaciones, sino por las planillas de coparticipación. Santiago del Estero aparece en el "top 10" de distritos que verán sus arcas resentidas por el impacto fiscal de la medida.

¿Por qué Santiago pierde si la reforma es "laboral"?

La trampa, según advierten gremios y gobernadores, reside en que el proyecto modifica impuestos que alimentan la masa coparticipable. Al reducirse la recaudación nacional por estos conceptos, el recorte a las provincias llega de forma automática, sin necesidad de un decreto específico.

• Reducción de Contribuciones: La baja en las alícuotas patronales reduce los fondos que Nación reparte.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): La creación de este fondo para cubrir despidos implica desviar 3 puntos de la masa salarial, financiados con una baja en las contribuciones que hoy nutren el sistema.
• Cambios en Ganancias: Las modificaciones en las escalas de sociedades impactan directamente en uno de los impuestos que más dinero transfiere a las provincias.

El ranking del ajuste: Santiago en cifras

El informe elaborado por la Aefip (trabajadores de la ex AFIP, hoy ARCA) detalla que la pérdida total para las 24 jurisdicciones ascendería a $1,9 billones. En términos nominales, Santiago del Estero resignaría una cifra que condiciona la gestión diaria:

Consecuencias: De la planilla a la calle

Esos $74.739 millones representan mucho más que un número técnico; son recursos que la provincia utiliza para amortiguar el impacto social y sostener la estructura pública:

1. Sueldos Estatales: Menor margen para paritarias y bonos ante la inflación.
2. Salud y Educación: Recorte en insumos y mantenimiento de escuelas y hospitales.
3. Obra Pública: Paralización de proyectos locales que dependen del flujo de fondos nacionales.

El dilema político: ¿Rescate o discrecionalidad?

La gran sospecha de los gobernadores es que el Gobierno nacional busca centralizar el poder. Al caer los fondos que llegan "por ley" (automáticos), las provincias quedan obligadas a negociar "caja por votos" (fondos discrecionales).

Desde la Casa Rosada relativizan el impacto, calificándolo como una "inversión" para formalizar a 14 millones de trabajadores. Sin embargo, en Santiago la pregunta es inmediata: ¿quién paga el bache financiero mientras llega esa supuesta lluvia de empleo formal?