El caso de Agostina Páez ha escalado hasta convertirse en un conflicto mediático y legal de gran magnitud. La joven santiagueña permanece en Brasil con tobillera electrónica y su pasaporte retenido, tras ser filmada realizando gestos de "mono" a trabajadores de un boliche carioca. El hecho no solo activó el severo código penal brasileño, sino que despertó la indignación de figuras públicas como Anamá Ferreira.

"Presa la quiero": El duro descargo de Anamá

La exmodelo, radicada en Argentina hace cinco décadas, utilizó sus redes sociales para sentar una posición tajante. Ferreira recordó que en Brasil la Ley Nº 14.532/2023 equiparó la injuria racial al crimen de racismo, convirtiéndolo en un delito imprescriptible e inafianzable.

"Lo que gritó esa chica no es un 'exabrupto', es racismo. Y el racismo no se relativiza ni se justifica. Deseo que pases unos años presa en Brasil", disparó Anamá en su cuenta de X.

Incluso, la panelista mantuvo un fuerte cruce con el abogado Mauricio Dalessandro, quien había tildado de "locura" la detención. Ferreira le respondió con firmeza: "¿Usted es racista y le parece divertido ir a Brasil y hacer el mono a la gente? Le recuerdo que es un crimen".

La versión de la joven santiagueña

Desde Brasil, Agostina Páez rompió el silencio en diálogo con el diario El Liberal. La joven, que cerró sus redes sociales ante la ola de amenazas, dio su versión de los hechos:

1. Conflicto por el pago: Aseguró que el bar intentó cobrarles consumos que ya habían pagado y que cuenta con los comprobantes.
2. Provocación previa: Denunció que empleados del lugar se burlaron de ellas y les hicieron gestos obscenos mientras bajaban las escaleras.
3. El gesto: Admitió haber realizado el ademán racista, pero alegó que fue una reacción "hacia sus amigas" y que no sabía que estaba siendo filmada. "Estoy muy arrepentida, ha sido la peor reacción", confesó.

Situación judicial y lo que viene

Bajo la nueva legislación brasileña, Páez enfrenta un escenario complejo. Al ser un delito inafianzable, su defensa busca evitar la prisión efectiva mientras dure el proceso. Por el momento, la justicia de Río de Janeiro determinó:

• Uso obligatorio de tobillera electrónica.
• Prohibición de salida del país (pasaporte retenido).
• Prohibición de acercamiento a las víctimas.