En las imágenes, se observa a un grupo de personas, presuntamente lideradas por el encargado del obrador, consumiendo alcohol, bailando sobre el mobiliario oficial y utilizando las instalaciones públicas para un festejo privado de fin de año.

Las medidas: "Todo el peso de la ley administrativa"

Ante la contundencia de las pruebas (los mismos participantes filmaron y viralizaron el descontrol), el Ejecutivo Municipal anunció acciones severas:

• Sumarios e Investigaciones: Se instruyó a los asesores letrados para analizar la responsabilidad de cada empleado identificado en los videos.
• Sanciones al Encargado: El principal señalado es el encargado del área, por haber permitido y organizado el uso indebido del edificio.
• Suspensión Preventiva: Se espera que los involucrados sean apartados de sus cargos mientras dure la investigación para asegurar la transparencia del proceso.
• Resarcimiento por daños: El municipio evaluará el estado del mobiliario para determinar si hubo roturas y exigir que los responsables paguen por los arreglos.

"Las oficinas públicas son templos del trabajo y pertenecen a cada vecino de Loreto. No voy a permitir que la conducta irresponsable de unos pocos manche el honor de toda una institución" — Ramón "Toto" González, Intendente de Loreto.

Un mensaje político de orden

El intendente fue enfático en despegar su administración de estos actos, calificándolos como una "grave ofensa a la confianza pública". En un contexto donde la sociedad demanda transparencia y austeridad, el mensaje desde la intendencia loretana es claro: el privilegio de ser empleado público conlleva una responsabilidad que, de no cumplirse, resulta en la expulsión del equipo de trabajo.

Este hecho resalta la necesidad de:

1. Reforzar los controles de acceso a edificios públicos fuera del horario laboral.
2. Instalar sistemas de monitoreo (cámaras) conectados a una central de seguridad para evitar que las oficinas se conviertan en "salones de fiesta".
3. Aplicar sanciones ejemplares que sirvan de precedente para el resto de la administración pública provincial.