Una tensa situación se vive en el norte santiagueño, donde la comunidad indígena Canteros —miembro del Consejo Llutky del Pueblo Nación Tonokoté— denunció públicamente un violento avance de la empresa Concept Nature S.A. (integrada por capitales argentinos y alemanes). El conflicto, que ya ha sido judicializado en repetidas ocasiones, involucra denuncias por tala indiscriminada, amenazas de muerte y el uso de guardias armados.

Territorio bajo protección legal

Pese a que la comunidad cuenta con todas las garantías legales vigentes, la vulneración de sus derechos persiste:

• Personería Jurídica: Reconocida por el Estado Nacional.
• Ley 26.160: Cuentan con el relevamiento territorial que reconoce la ocupación ancestral de estas tierras.
• Constitución Nacional: Amparados por el Art. 75, incisos 17 y 22, que garantiza la posesión de las tierras comunitarias.

Denuncias de violencia armada

Walter Hugo Barraza Kamachej, referente del Consejo Llutky, advirtió sobre la gravedad de los métodos utilizados por quienes responden a la empresa:

«Supuestos trabajadores de esta empresa amenazan a integrantes de nuestra comunidad y otros pobladores con armas de fuego. No pueden ni siquiera transitar por nuestro territorio ancestral», afirmó Barraza.

Los pobladores identifican como responsables de estas acciones al encargado Carlos Budan y otros empleados, quienes estarían intentando realizar alambrados bajo el pretexto de proyectos de reforestación, lo que la comunidad califica como una "estrategia de usurpación de manual".

Antecedentes trágicos

La preocupación de la comunidad Canteros no es infundada, ya que existen antecedentes de sangre vinculados a la misma firma en comunidades vecinas:

• Septiembre de 2023: Un enfrentamiento terminó con un muerto (del bando de los ocupantes) y tres indígenas heridos de bala.
• Situación Judicial: Por aquel hecho, el comunero Cristian Mansilla continúa detenido, mientras la comunidad exige que no se repitan los episodios de violencia.

El reclamo a la Justicia Provincial

La comunidad, conocida por su perfil pacífico y su colaboración con universidades nacionales, exige que la Justicia de Santiago del Estero actúe de manera inmediata para frenar el hostigamiento y haga respetar las leyes de protección indígena. Denuncian que la empresa busca dividir a los pobladores ofreciendo empleos temporales para facilitar el cierre de los campos.