Según el Gobierno, la medida busca "eficientizar" el gasto ante supuestas irregularidades en la entrega de pensiones. Sin embargo, el anuncio se produce tras un año de fuertes recortes y un escándalo de corrupción que salpicó al entorno presidencial.

Los puntos oscuros del anuncio

A diferencia de otras reestructuraciones, esta medida llega con un trasfondo judicial y político muy pesado:

• El factor Spagnuolo: La agencia estaba dirigida por Diego Spagnuolo (amigo personal del Presidente), quien fue apartado tras la filtración de audios que sugerían un esquema de coimas y retornos.
• Menciones a la "mesa chica": En los audios se mencionaban nombres clave como Eduardo "Lule" Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que aceleró la decisión de "disolver" el organismo para intentar cerrar el escándalo.
• Emergencia ignorada: El cierre ocurre mientras el Ejecutivo se niega a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso para garantizar las prestaciones.

Impacto en los beneficiarios: ¿Qué pasará con las pensiones?

Aunque Adorni aseguró que "esto no significa que se vayan a cortar pensiones", la comunidad de personas con discapacidad y sus familias en el interior del país temen lo siguiente:

1. Burocratización: Al perder su autarquía y pasar a depender de Salud, los trámites de altas de pensiones y la entrega de insumos (sillas de ruedas, audífonos, etc.) podrían volverse aún más lentos.
2. Ajuste encubierto: Se teme que la "auditoría" sea el pretexto para bajas masivas de beneficios en un contexto de vulnerabilidad económica extrema.
3. Transporte y Salud: Sin la ANDIS como ente regulador, la cadena de pagos a transportistas y centros de rehabilitación —que ya viene cortada— queda en un limbo administrativo peligroso.

La situación en Santiago del Estero

Para una provincia como la nuestra, donde la presencia del Estado nacional es fundamental para cubrir las asimetrías, el cierre de la ANDIS significa la pérdida de un interlocutor directo. La delegación local ahora deberá responder a una estructura ministerial nacional más rígida, lo que dificulta la gestión de casos urgentes en el interior santiagueño.

El dato: La comunidad de discapacidad advierte que este cambio degrada la jerarquía de las políticas públicas para el sector, pasando de un enfoque de Derechos Humanos a uno meramente Médico/Asistencial.