Una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cruzada con datos del RENAPER, reveló una irregularidad masiva: existen 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que figuran como activos a nombre de personas que ya fallecieron.

Este hallazgo se da en un contexto de máxima tensión política y judicial tras la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y pone bajo la lupa un presunto esquema de estafa millonaria al Estado.

Los puntos clave de la auditoría

El interventor de la agencia, Alejandro Vilches, ordenó la baja inmediata de los certificados detectados y avanza en una investigación profunda:

• Cruce de datos: Se confirmó que miles de beneficios estatales seguían siendo percibidos de manera irregular por titulares fallecidos.
• Acciones legales: El Gobierno evalúa denunciar penalmente tanto a los particulares que cobraron estos beneficios como a los prestadores de salud que podrían haber facilitado el circuito ilegal.
• Control interno: La auditoría integral continuará hasta el primer trimestre de 2026, revisando contratos y procedimientos que no fueron controlados en etapas anteriores.

Tensión por la Ley de Discapacidad

Este escándalo estalla mientras en el Congreso se debate el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad:

1. Presupuesto 2026: El Ejecutivo intentó derogar la ley mediante un capítulo del Presupuesto, pero encontró resistencia de gobernadores y la oposición.
2. Nueva estrategia: Ante el rechazo, el oficialismo analiza ahora no derogar la ley, sino proponer modificaciones sustanciales para aumentar los controles y evitar este tipo de estafas.

Inconsistencias en medicamentos

Además de los certificados, la auditoría detectó un dato alarmante en las compras de insumos:

• Se registró un aumento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia, con precios y volúmenes que no coinciden con los parámetros del Ministerio de Salud.

Definición: El CUD es un documento público y gratuito que permite el acceso a salud, transporte y asignaciones. Su manipulación representa una de las estafas más sensibles, ya que desvía recursos destinados a las personas que realmente conviven con una discapacidad.