En un fuerte pronunciamiento, ADPRA cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de reemplazar las Audiencias Públicas —instancias históricas de debate oral y transparente— por simples formularios de Google y correos electrónicos para definir el nuevo esquema de subsidios energéticos.

De la participación real al "formulario digital"

La crítica de los Defensores del Pueblo, incluido el representante de Santiago del Estero, se centra en que este cambio no es una modernización, sino un retroceso democrático:

• Falta de debate: La audiencia permitía que usuarios, asociaciones y defensores confronten argumentos con las empresas. El formulario solo recibe opiniones aisladas que nadie sabe si serán leídas.
• Debilidad Jurídica: Sostienen que un correo electrónico no reemplaza el derecho constitucional a ser oído (Art. 18 y 42 de la Constitución Nacional) antes de un aumento que afecte el bolsillo familiar.
• Privacidad en riesgo: Cuestionan el uso de plataformas privadas (como Google) para recolectar datos sensibles de los ciudadanos, lo que podría comprometer la seguridad de la información.

El impacto en Santiago del Estero

Para nuestra provincia, esta medida es especialmente sensible:

1. Brecha Digital: Muchos santiagueños, especialmente en el interior, no tienen acceso fluido a internet o conocimientos para llenar formularios digitales complejos, quedando fuera de la consulta sobre sus propios subsidios.
2. Pérdida de Representación: El Dr. Escobar Correa advirtió que estas instancias permitían a la Defensoría local exponer las particularidades de nuestra región (como el alto consumo eléctrico por las temperaturas extremas) frente a los funcionarios nacionales.
3. Falta de Transparencia: Al no haber una devolución pública de los aportes, el ciudadano pierde el control sobre cómo se toman las decisiones que afectan el costo de su factura de luz y gas.

El reclamo de ADPRA

La entidad exhortó al Poder Ejecutivo Nacional a:

• Restablecer las audiencias: Garantizar la oralidad y la publicidad de los debates.
• Respetar la Ley: Recordaron que la normativa de gas y electricidad exige expresamente audiencias públicas, y que la "Ley Bases" no autoriza a degradar la calidad de la participación ciudadana.

"Sustituir la participación real por mecanismos meramente formales erosiona la legitimidad de las tarifas y la confianza de la gente." — ADPRA.