Un confuso y violento incidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy en el barrio Mariano Moreno no solo dejó importantes daños materiales, sino que desencadenó una investigación judicial que apunta tanto al conductor de un vehículo oficial como a un comisario de la Policía de la provincia.

Choque con Alcoholemia Positiva

Aproximadamente a las 5:15, una camioneta Toyota Hilux perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, conducida por el empleado público Cristian Alejandro Ovejero (48), impactó contra un Chevrolet Meriva estacionado, propiedad del comisario Ariel Castillo (48).

Lo más grave fue la situación del conductor del vehículo oficial:

• Alcoholemia: Ovejero registró 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.
• Confesión: El chofer admitió haber utilizado la camioneta oficial para asistir a un partido de fútbol, participando luego en un "tercer tiempo" con consumo de alcohol antes de chocar.

Medidas Judiciales y Protocolo Policial

La fiscal de turno, Dra. Natalia Malachevsky, ordenó la intervención de la División Criminalística y dispuso la infracción de Seguridad Vial para Ovejero. Sin embargo, el caso tomó un giro inusual al implicar al damnificado:

• Dosaje al Comisario: La fiscal solicitó, llamativamente, un dosaje de alcoholemia para el comisario Castillo, quien se encontraba en su domicilio al momento del choque.
• Retención de Arma: Desde Jefatura de Policía se activó el protocolo correspondiente para Castillo, incluyendo la retención de su arma reglamentaria.

Fuentes extraoficiales indicaron que, tras el impacto, el comisario, ex jefe del Departamento de Homicidios, se habría ofuscado con Ovejero por los daños en su vehículo, que además sería depositario judicial, lo que habría desencadenado una discusión.

La Dra. Malachevsky ordenó a la Brigada Interna un relevamiento de cámaras para esclarecer la dinámica del siniestro. Ovejero enfrenta ahora posibles consecuencias penales por la conducción en estado de ebriedad y serias sanciones administrativas por el uso indebido de un bien del Estado.